Pacto de socios o estatutos: qué va en cada uno y cuál manda si se contradicen

Toda sociedad limitada tiene estatutos: están en la escritura de constitución, se inscriben en el Registro Mercantil y los puede consultar cualquiera. Muchas tienen además un pacto de socios: un contrato privado entre los socios, que no se inscribe y que nadie ve.

Los dos regulan lo mismo, cómo se relacionan los socios entre sí y con la sociedad, pero no tienen la misma fuerza ni admiten lo mismo. Saber qué va en cada uno es lo que decide si una cláusula se podrá hacer cumplir el día que haga falta. Y ese día siempre llega con la relación ya rota.

Qué cláusulas conviene pactar y cómo se redactan está en pacto de socios: redacción y cláusulas clave. Esta entrada se centra en el reparto entre los dos documentos.

Los estatutos pueden incluir todos los pactos y condiciones que los socios quieran, siempre que no se opongan a la ley ni a los principios de la sociedad de capital. Ese margen es más amplio de lo que se usa: la mayoría de las sociedades pequeñas se constituyen con estatutos de modelo que no dicen nada de lo que después se discute.

Lo que los estatutos regulan, vincula a la sociedad y a cualquier socio, presente o futuro, sin que nadie tenga que firmar nada más. Por eso lo que se puede llevar a estatutos, se lleva. Entre otras cosas, pueden establecer mayorías reforzadas para determinados acuerdos, sin llegar a exigir la unanimidad; regular la transmisión de participaciones con derechos de adquisición preferente, autorizaciones o prohibiciones temporales de vender; imponer prestaciones accesorias a los socios, como la obligación de trabajar en la sociedad, con su retribución y las consecuencias de incumplirla; añadir causas de separación y de exclusión a las que fija la ley; y fijar cómo se valoran las participaciones del socio que sale.

Tienen límites. No pueden impedir del todo la transmisión de participaciones sin reconocer al socio el derecho a separarse, ni hacerla prácticamente libre, ni establecer un reparto de beneficios que excluya por completo a un socio. Y lo que digan tiene que poder inscribirse: el registrador revisa cada cláusula.

El pacto de socios recoge lo que los estatutos no pueden decir, lo que los socios no quieren hacer público y lo que es más fácil cambiar en un contrato que en una escritura inscrita.

Son típicos del pacto los compromisos de voto, con los que un socio se obliga a votar en junta en un sentido determinado; los acuerdos sobre el reparto de cargos y la composición del órgano de administración; las cláusulas de arrastre y acompañamiento en la venta, que también pueden ir en estatutos pero suelen quedarse en el pacto; el plan de negocio, las aportaciones comprometidas y qué pasa si no llegan; la dedicación de cada socio, su retribución y la no competencia; las opciones de compra y de venta entre socios, con su precio o la fórmula para calcularlo; los mecanismos para desbloquear un empate; y las cláusulas penales para quien incumpla cualquiera de las anteriores.

Nada de esto es público. Un competidor que consulte el Registro Mercantil verá los estatutos y no sabrá qué se han prometido los socios entre ellos. Para una empresa que negocia con terceros o que piensa en dar entrada a inversores, esa discreción tiene valor.

Los estatutos obligan a la sociedad. Si un acuerdo de la junta los contradice, es impugnable, y el registrador no inscribirá lo que vaya contra ellos. Un socio que entra después queda sujeto a los estatutos aunque no haya participado en redactarlos.

El pacto de socios obliga a quienes lo firman, y solo a ellos. La Ley de Sociedades de Capital lo dice sin rodeos: los pactos que se mantengan reservados entre los socios no son oponibles a la sociedad. Si un socio vota en junta en contra de lo que prometió en el pacto, su voto vale y el acuerdo es válido. Lo que queda es reclamarle por incumplir el contrato: la indemnización de daños, difícil de probar, o la cláusula penal que se hubiera previsto, mucho más fácil de cobrar.

Hay matices en la jurisprudencia para los pactos firmados por todos los socios, pero no conviene construir sobre ellos. La regla práctica es otra: lo que se quiera hacer valer frente a la sociedad va en estatutos; lo que se quede en el pacto necesita una consecuencia escrita para quien lo incumpla.

Pasa más de lo que parece: los estatutos son los del modelo de la notaría, el pacto se redactó después pensando en la empresa real, y dicen cosas distintas sobre la transmisión de participaciones o sobre las mayorías.

Frente a la sociedad y frente a terceros, mandan los estatutos, porque son lo único que les es oponible. Entre los socios que firmaron el pacto, manda el pacto, porque es su contrato. El resultado es que un socio puede estar actuando conforme a los estatutos e incumpliendo a la vez el pacto, y la discusión empieza por decidir en qué plano se está.

La forma de evitarlo es sencilla y se omite casi siempre: cuando se firma el pacto, se modifican los estatutos para que recojan lo que se pueda inscribir y no contradigan el resto. Y cuando entra un socio nuevo, firma una adhesión al pacto el mismo día que compra o suscribe sus participaciones. Cada ampliación de capital sin adhesión deja el pacto un poco más débil. Si está constituyendo la sociedad ahora, el momento de decidir el reparto entre estatutos y pacto es este: constitución de sociedades con abogado.